En Fundación Probitas empezamos el curso escolar reafirmando nuestro esfuerzo por garantizar un entorno saludable y seguro a los menores vulnerables. En España el 33% de los menores de 16 años se encuentran en riesgo de pobreza según el informe AROPE de 2021, y la situación es especialmente delicada en el caso de los alumnos de secundaria. Con la jornada intensiva generalizada en los institutos públicos, los menores no tienen garantizada una comida nutritiva al día y tampoco un espacio de protección socioeducativo a partir del mediodía.

Por ello es especialmente relevante nuestro programa Dinem Junts, pionero en abordar dicha necesidad de forma global y del que ya hemos iniciado la octava edición. Con él mejoramos el estado de salud y la alimentación de los adolescentes en situación de riesgo social mediante un enfoque global, ofreciendo un acompañamiento socioeducativo en un espacio de protección. De esta forma, llegamos a 550 menores de más de 30 institutos distintos distribuidos en 11 municipios.

La necesidad del programa se ve demostrada en los resultados de un estudio de EsadeEcPol sobre el impacto que tiene la jornada continua sobre los niños, niñas, adolescentes y sus familias. En él destaca que el tiempo que los alumnos pasan en la escuela supone un efecto positivo sobre ellos, mientras el hecho de compactar la jornada agudiza la brecha social ya que las familias más humildes carecen de los recursos necesarios para afrontar gastos destinados al cuidado de los menores, dejando a sus hijos en una situación de mayor vulnerabilidad. Además, el informe también apunta que una jornada partida con un almuerzo temprano se adapta más fácilmente a los biorritmos de los menores, mejorando su salud, sus ciclos de sueño y su bienestar.

La Dra. Anna Veiga, directora general de Fundación Probitas destaca que, en línea con los objetivos del programa Dinem Junts, “destacamos como aspecto positivo que se haya puesto en marcha este año en España el Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea (2022-2030) que permite a las administraciones públicas trabajar para garantizar seis derechos básicos: educación y cuidado infantil, educación y actividades extraescolares, al menos una comida saludable al día, asistencia sanitaria, vivienda adecuada y alimentación saludable”.